La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto en duda el manejo de 63 millones 503 mil 693 pesos durante el periodo del exalcalde interino Adán Domínguez Sánchez, tras detectar graves inconsistencias en la comprobación de recursos federales.
De acuerdo con el informe individual de la Cuenta Pública 2024, el Ayuntamiento de Puebla no logró acreditar el destino final de fondos provenientes del Fortamun y de Participaciones Federales.
En ese sentido, el informe individual de la ASF detalla dos pliegos de observaciones donde el común denominador es la falta de soporte documental para justificar el gasto de recursos.
La ASF detectó una irregularidad de 25.3 millones de pesos destinados al licenciamiento de software para dispositivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) toda vez que no existe evidencia física ni reportes sellados que confirmen que el proveedor entregó las licencias contratadas.
El segundo pliego por 38.2 millones de pesos, involucra la compra de un vehículo para el Instituto Municipal del Deporte que nunca fue ingresado al inventario oficial, además, el servicio de alumbrado público fue cuestionado debido a que las pruebas fotográficas de los trabajos carecen de fechas y bitácoras técnicas.
Las observaciones se centran en el periodo encabezado por el exalcalde interino Adán Domínguez Sánchez, quien asumió el mando de la capital tras la salida de Eduardo Rivera Pérez.
Aunque estas observaciones no representan una sanción inmediata, marcan el inicio de un proceso legal estricto de la administración panista, por lo que tiene un mes para presentar las pruebas necesarias.
De no lograrlo, el caso escalará a procedimientos de responsabilidad administrativa o incluso procedimientos adicionales conforme a la legislación aplicable, dependiendo de la gravedad que determine la ASF al agotarse los tiempos legales.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Franco Rodríguez, precisó que las observaciones se encuentran en una etapa de solventación, donde la administración tiene el derecho y la obligación de presentar las pruebas documentales que justifiquen el destino de los recursos.
El funcionario municipal fue enfático al señalar que el gobierno actual no interviene directamente en el juicio de estos expedientes, sino que actúa como un facilitador de información para los órganos fiscalizadores.
“Nosotros no participamos en ello, damos las facilidades para solventar lo que tengan pertinente. En el caso del 2024, puede haber observaciones pero están en un período todavía de sustentación de las mismas”, mencionó.