Para nadie es un secreto en México, la relación que siempre ha existido entre los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico, con la clase política y los funcionarios de los gobiernos en turno de los tres niveles federal, estatal y municipal, sin importar los partidos políticos de que se trate, ni las promesas de terminar con la corrupción y la impunidad.
Estas han sido promesas de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República, gobernadores y presidentes municipales cada sexenio o trienio en los procesos electorales del país, sin importar los partidos políticos.
Sin embargo, el año 2006 con el inicio de la presidencia de Felipe Calderón ha sido considerado como el punto de quiebre, por haber puesto en marcha su guerra contra los cárteles del narcotráfico, lanzando al ejército mexicano a las calles para frenar el trasiego de drogas y su venta a otros países como los Estados Unidos, que con mucho siempre ha sido el mayor cliente de estos grupos por la alta demanda de estupefacientes y drogas que se consumen por su población.
Uno de las críticas que los partidos de izquierda han hecho a los gobiernos del período neoliberal, ha sido el hecho de que los cárteles crecieron al amparo del poder y fueron tolerados, bajo ciertas condiciones como el respeto a sus territorios y que las drogas no fueran vendidas a los mexicanos, es decir, los narcotraficantes podían desarrollar sus actividades, siempre y cuando se sometieran a las reglas que los gobiernos a través de los cuerpos de seguridad les impusieran, para no afectar a la población, y que sus disputas por los territorios no involucraran a la población civil.
Durante esos años, era poco visible que los cárteles participaran en forma activa en los procesos electorales o que salieran a apoyar a algún candidato afín a sus intereses, ya que solían esperar a conocer quien era el candidato ganador o ganadora, para buscar un pacto no escrito con valores sobreentendidos en los que cada una de las partes respetara el trabajo y la actividad del otro.
Fue en el sexenio de Vicente Fox, cuando las fuerzas de seguridad pública en el país, de alguna manera permitieron el crecimiento de los cárteles y que fueran tomando mayor fuerza y poder en estados como Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y el Estado de México, así fueron tomando mayor presencia cárteles como el de Rafael Caro Quintero, del Golfo, de los Beltrán Leyva, de los Arellano Félix, del señor de los Cielos, Miguel Ángel Gallardo y el de Sinaloa con El Mayo Zambada y después con El Chapo Guzmán.
Las drogas que más se comercializaban eran la mariguana, la heroína, cristal y se fue ampliando a las metanfetaminas, cocaína, los opioides y el fentanilo.
A la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, el control de los cárteles se había perdido y la lucha por el mercado, se fue volviendo más violenta y las autoridades perdieron toda posibilidad de contener a los narcotraficantes a quienes ya no les interesaba llegar a acuerdos con los funcionarios, sino que preferían corromperlos y hacerlos cómplices de sus actividades delictivas para trabajar a sus anchas, bajo la amenaza de extorsionarlos o eliminarlos si no se sometían a sus órdenes.
La guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, lejos de solucionar el problema, hizo que los cárteles buscaran otras formas de corromper a las fuerzas de seguridad, incluido el ejército que no ha podido dar los resultados esperados, ya que sus elementos no fueron formados para investigar y combatir a la delincuencia, sino para los conflictos armados y la defensa del país.
La elección de 2006 en la que de acuerdo con la información del proceso electoral resultó ganador Felipe Calderón, ha sido de las más controvertidas por el apoyo y votos obtenidos por el candidato de la izquierda opositora Andrés Manuel López Obrador, cuyo triunfo no fue reconocido y mediante un acuerdo entre el PRI y el PAN se dio el triunfo con una mínima ventaja a Felipe Calderón.
Si AMLO tuvo apoyo de los cárteles como el de Sinaloa para su campaña y posterior resistencia al movimiento que encabezó para exigir un recuento de votos y denunciar que le había sido arrebatado el triunfo, es información que en aquellos años difícilmente se podía dar crédito, porque los cárteles, aunque eran conocidos, aún no tenían la fuerza y presencia que durante el sexenio de López Obrador y el actual han tomado en más de la tercera parte del país, que tienen bajo su gobierno y control con nuevos cárteles como el CJNG y el de La Barredora en Tabasco.
Así en las elecciones de 2012 y 2018, los cárteles han tenido una mayor injerencia en las campañas electorales apoyando abiertamente a partidos como Morena, PVEM y PT no sólo con recursos económicos y votantes, sino también con candidatos a los cargos de elección de diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales, estableciendo así una relación que les ha permitido incluso poner a los secretarios de Seguridad y mandos de las policías, que ahora en lugar de proteger a los ciudadanos, están obligados a dejar trabajar a los cárteles y darles facilidades y protección para sus actividades.
Por ello la exigencia del gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio de que México haga más para combatir a los narcotraficantes, ha crecido en las ultimas dos semanas, ofreciendo el apoyo de las fuerzas militarespara combatir a los cárteles en territorio mexicano, a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado, bajo el argumento del respeto a la soberanía y territorio del país.
Además su postura que no se requiere dicha ayuda, se tambalea, ya que la posición de Donald Trump ha sido como en el caso de la detención del dictador Nicolás Maduro presidente de Venezuela, la de imponer sus órdenes, para defender los intereses de Estados Unidos exigiendo también la entrega de los políticos del gobierno morenista de los que tiene pruebas de que se coludieron con los líderes de los cárteles para llevar a cabo el trasiego de drogas al vecino del norte.
Hoy, es necesario que la Presidenta ponga en la balanza si protege los intereses de México en la relación con los Estados Unidos, o si continúa protegiendo a los exfuncionarios, gobernadores y políticos de su movimiento de los que las autoridades de Estados Unidos tienen pruebas de que están involucrados con los cárteles del narcotráfico y llegaron a los cargos con recursos y apoyo de dichos grupos.
De una u otra forma, la Presidenta deberá asumir un costo económico si no entrega a los políticos de su movimiento y sigue protegiéndolos, afectando la revisión del T-MEC, porque entregándolos debilitará a la 4T y podría significar un rompimiento de sus cúpulas que se sentirían traicionados y podrían cobrarle factura en 2027 en la revocación de mandato.