De acuerdo a un artículo publicado el 9 de marzo de 2024, titulado “Reinserción social como finalidad del sistema penitenciario internacional y su influencia en México” de los autores Luis Eduardo Ramírez Navarro y Axel Francisco Osorio Torres publicado en in Internaciones, señalan en la introducción que:
“La reinserción social es uno de los fines del sistema penitenciario mexicano, que se regula por el artículo 18 constitucional, en el que se establece la estrategia que el Estado lleva a cabo dentro del centros penitenciarios para reintegrar a las personas privadas de la libertad al núcleo social. Proceso que tiene como base el respeto a los derechos humanos; la capacitación para el trabajo, el acceso a la educación, a servicios de salud y al deporte, en virtud de que son éstos elementos los que permiten a los reclusos tener un desarrollo pleno dentro del centro penitenciario, además de ser la base para que dicho individuo pueda reintegrarse a la sociedad, debido a que una de las herramientas fundamentales para que una persona logre reintegrarse con éxito es el acceso al trabajo, debido a que es el trabajo de donde las personas obtienen un salario con el cual cubrir necesidades indispensables para toda persona, como el acceso a alimentos, vivienda, vestido, retiro digno e incluso actividades recreativas que coadyuvan al libre desarrollo de la personalidad”.
Para nadie es un secreto que no sólo en México, sino en los principales países de América Latina, donde los índices en el aumento de la delincuencia se han disparado en los últimos veinte años, los objetivos y alcances de los sistemas penitenciarios, desde la prisión preventiva oficiosa hasta la sentencia en la que se condena a una persona a permanecer privado de su libertad, en algunos casos con cadena perpetua de acuerdo a la gravedad del delito o delitos cometidos, la “reinserción social” establecida en nuestra Constitución, ha sido un fracaso.
Aquellas personas que después de pasar años en prisión obtienen su libertad no logran reinsertarse en la sociedad y menos conseguir un empleo digno para ellos, ya ni se diga de sus familias, que en la gran mayoría de los casos los abandonan o se desintegran, por la pena de la esposa, hijos y familiares de tener a alguien en prisión.
Si a lo anterior sumamos, el grave problema que representan las sistemáticas violaciones a derechos humanos, abusos, corrupción, homicidios, tráfico de armas y drogas, así como el control de los penales que llevan a cabo los líderes de los grupos de la delincuencia organizada, que han tomado el mando de un número importante de centros penitenciarios en México, la situación se vuelve aún más delicada y las autoridades de los gobiernos estatales y federal, han sido rebasados perdiendo el control de estas prisiones conocidas como universidades del crimen.
Desde que el expresidente Felipe Calderón inició su denominada guerra al narcotráfico en 2006 en los centros penitenciarios estatales y en las cárceles de máxima seguridad, se vio la necesidad de modificar las condiciones en las que funcionaban dichos centros y sobre todo, la necesidad de en algunos casos reforzar las medidas de seguridad, sobre todo cuando se logró detener a los capos y líderes de los cárteles del narcotráfico, cuyo poder y riqueza les permitía continuar manejando a sus carteles y dando órdenes a sus subordinados.
La construcción de las denominadas cárceles de máxima seguridad lo que pretendieron es evitar que estos presuntos delincuentes, no pudieran seguir dirigiendo a sus seguidores, y que mediante medidas más estrictas se evitara que tuvieran contacto con el exterior y además lograran fugarse como en los casos de el Chapo Guzmán en que con la complicidad de personal de la prisión de Puente Grande en enero de 2001 al inicio del gobierno de Vicente Fox, logró fugarse de la cárcel; siendo recapturado hasta el 22 de febrero de 2014 y recluido nuevamente en la prisión del Altiplano, logrando fugarse por segunda vez un año cuatro meses después a través de un túnel que daba a su celda, siendo recapturado el 8 de febrero de 2016.
El poder de los líderes de los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México en las cárceles más importantes del país, los privilegios de los que han gozado, los negocios dentro de los penales, así como el manejo de sus grupos criminales y la continuidad de sus actividades delictivas, ha sido reconocida por las autoridades mexicanas, que ante el poder corruptor de estos capos, han preferido entregarlos a las autoridades de Estados Unidos, que han solicitado su extradición por tener procesos abiertos en varios estados como Nueva York, Virginia y los Ángeles, como lo demuestran las dos entregas en este gobierno, primero de 29 y en la última semana de 26 narcotraficantes que eran requeridos por cortes de Estados Unidos.
Por ello es necesario revisar el actual funcionamiento del sistema penitenciario en México, ya que las condiciones actuales por los altos índices de criminalidad y corrupción que proliferan en las cárceles, lejos de lograr la reinserción social, demuestran que las actividades de los criminales se siguen desarrollando y creciendo de igual forma, dentro o fuera de las prisiones.