Más de un sexenio tuvo que pasar para que Andrea Lezama Bonilla lograra la guarda y custodia definitiva de su hijo, quien fue secuestrado y llevado a otras entidades por el papá de este, Ricardo N., primer procesado penalmente por el delito de violencia vicaria.
Mediante un comunicado, el colectivo Cam-Cai o Madres exigiendo justicia contra la violencia vicaria dio a conocer la resolución en cuestión.
Asimismo, resaltó el apoyo de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Margarita Gayosso Ponce, y de la jueza del Poder Judicial del estado de Puebla, María Rosalba Pantoja Vázquez, por privilegiar el interés superior del menor, proteger a las infancias y por juzgar con perspectiva de género.
Fue a mediados del año pasado cuando Lezama Bonilla expuso su caso, en el marco de la aprobación en el Congreso de Puebla de la tipificación de la violencia vicaria en la entidad.
La integrante de Cam-Cai relató en su momento las diversas ocasiones en que padeció revictimización por parte de las autoridades.
En octubre del 2022, su agresor se convirtió en el primer vinculado a proceso por violencia vicaria en México, por lo que le fue dictada prisión preventiva.