Andrea Lezama Bonilla, víctima de violencia vicaria en Puebla, dio a conocer, junto con su abogado, que autoridades ministeriales no quieren reafirmar su acusación por el delito mencionado en contra de Ricardo N., a pesar de que éste fue vinculado a proceso desde octubre pasado.
En rueda de prensa realizada en las inmediaciones de Casa de Justicia, abundó que su victimario está solicitando una suspensión condicional del proceso.
También indicó que le fueron retiradas las medidas de protección y señaló que la agente ministerial Fabiola Romero Aguirre la está presionando para que le otorgue el perdón a Ricardo N.
Por su parte, Cristian Hernández, abogado de Andrea Lezama, criticó el actuar de las autoridades que están llevando el caso, pues mencionó que buscan condenar al agresor únicamente por el ilícito de sustracción de menores, cuya pena máxima es de cinco años.
Explicó que la violencia vicaria tiene una sentencia de hasta 14 años, por lo que anunció que están en contra de la decisión de la agente ministerial.
“De nada sirvió todo este esfuerzo, todo este trabajo, incluso la culminación legislativa en el Congreso del Estado, que de manera unánime los diputados locales aprobaron, de nada sirvió porque a dicho de la agente del ministerio público, simplemente debe ser juzgado por un tema de sustracción de menores”, expuso.
Cabe agregar que este viernes se lleva a cabo la audiencia intermedia en contra de Ricardo N., donde se decidirá su destino jurídico.
A continúa se adjunta el pronunciamiento completo de Andrea Lezama Bonilla, víctima de Violencia Vicaria:
“No habrá nada que me permita recuperar los seis años que mi hijo y yo fuimos obligados a estar separados, temo lo que el señor Ricardo “N” y su familia puedan hacernos.
Tras una larga lucha, el pasado 20 de octubre de 2022 mi vida cambió, las esperanzas de estar nuevamente con mi hijo regresaban, Ricardo “N” había sido aprehendido en Baja California Sur y mi hijo ingresado al sistema DIF.
Ricardo “N”, el primer agresor vicario vinculado a proceso por violencia familiar, con la agravante de violencia vicaria -a nivel latinoamérica- quiere solicitar una suspensión condicional del proceso, misma que si es otorgada representará un grave peligro para mi hijo y para mí.
Al respecto, denuncio que Fabiola Romero Aguirre, agente del ministerio público, titular de la mesa de litigación número cinco de la unidad de investigación de delitos contra la familia de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres me ha insistido en otorgar el perdón a mi agresor, sin importarle la protección de mi hijo, ni la perspectiva de género.
En otro sentido quiero agradecer y reconocer al Fiscal General de Puebla Gilberto Higuera Bernal y a la Fiscal especializada en delitos de género contra las mujeres Raquel Avendaño Fernández por su labor para localizar y recuperar a mi hijo.
Gracias a ello, ahora está conmigo, en el hogar del que jamás debió ser alejado.
Sancionar la violencia vicaria es la esperanza de miles de madres que luchamos por estar nuevamente con nuestras hijas e hijos sustraídos por sus padres.
Por ello hacemos un llamado a Margarita Gayosso Ponce Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado y a Gilberto Higuera Bernal Fiscal General de Puebla, a garantizar la aplicación de la ley a favor de mi hijo y de mi persona, a garantizarnos el acceso a la justicia”