El alcalde del municipio de Tequila, Diego Rivera, emanado de Morena, fue detenido el pasado 5 de febrero, acusado por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro agravado, siendo vinculado a proceso el pasado 11 de febrero.
También la Fiscalía general de la República lo acusa de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva generación, quien habría financiado su campaña política, además le imputa el secuestro de dos políticos del PAN, en marzo de 2021, para que desistieran de competir en la elección de dicho año y dejaran paso libre al candidato Juan Gabriel Toribio Villarealcomo al final ocurrió.
Si bien es cierto, el Cabildo ya designó a una presidenta municipal sustituta, que forma parte del mismo grupo que apoyaba al alcalde detenido, a los dos días siguientes también ya fue señalada por su afinidad con el líder del CJNG Nemesio Oseguera cantando corridos en su honor, por lo que la población aunque en un principio festejó la detención de Rivera, hoy la situación del municipio aún con la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, no está segura de que la presidenta, rompa el vinculo y poder que tiene el CJNG en la zona.
Tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, declararon que el gobierno como el partido con esta detención daban muestras de que no se protege a nadie y que no hay impunidad, porque un integrante de su movimiento que ocupaba un cargo público fue detenido y actualmente se encuentra sujeto a proceso por los delitos que se le imputan.
Lo que llama la atención es que sólo por las denuncias y presión de empresas como la de José Cuervo que se quejaron de los abusos de autoridad y extorsión del alcalde, fue como las autoridades del gobierno del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la República, se vieron obligadas a actuar deteniendo a dicho personaje, cuyos vínculos con el CJNG había sido denunciado desde su campaña para la presidencia municipal.
El caso de Diego Rivera es similar, aunque no en la misma dimensión con la situación que día a día enfrentan los ciudadanos en los municipios gobernados por alcaldes emanados de Morena, cuyos vínculos con los cárteles del narcotráfico son evidentes, dejándolos actuar a sus anchas e imponiendo con apoyo de las autoridades municipales sus propias reglas y cuotas como el derecho de piso para poder continuar con sus actividades comerciales.
De los 2478 municipios en los que está dividido el país, los problemas que enfrentan los alcaldes son diversos atendiendo a las zonas geográficas, al tipo de población y número de habitantes, a su grado de desarrollo, actividades económicas y sobre todo al presupuesto que anualmente les es asignado por los Congresos estatales; sin embargo, desde el año 2006 en el gobierno de Felipe Calderón, en el que se inicia la denominada guerra contra los cárteles de la droga, el sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros siete años de los gobiernos de la cuarta transformación, los gobiernos municipales, han dejado de tener proximidad con la población que gobiernan y en su mayoría han sido infiltrados por los grupos delictivos y cárteles de la droga, patrocinando sus campañas políticas e imponiéndoles a los funcionarios del primer nivel de sus administraciones, sobre todo en las áreas de seguridad pública, obras e infraestructura y de comercio, mediante las cuales pueden obtener jugosas ganancias y recuperar lo invertido en las campañas de los alcaldes que les deben el cargo.
Cada tres años en que se renuevan las presidencias municipales, los cárteles de la droga, ya cuentan con una lista de candidatos que proponer a los partidos políticos, para llevarlos al triunfo en las elecciones y apoyando su reelección en aquellos casos en que les han dado buenos resultados y los han dejado trabajar a sus anchas.
Por lo general, los habitantes de los municipios conocen perfectamente la historia de los que aspiran a contender en las elecciones de alcaldes, ya sea porque nacieron en muchos de los casos en esos lugares, porque identifican a su familia o bien porque tienen trayectoria política o han ocupado algún cargo público; incluso si tienen alguna actividad delictiva o están vinculados con algún cártel o grupo delictivo, los pobladores lo saben y deciden callar, para evitar ser víctimas de alguna agresión o poner en riesgo su vida.
Ahora que la presidenta de la República y la dirigente nacional de Morena han declarado que pondrán más cuidado en la selección de sus candidatos y los investigarán antes de postularlos, verificando que no tengan abierta alguna carpeta de investigación en su contra; sería sano que lo hicieran con los alcaldes que actualmente está en funciones e investigarantambién el financiamiento de sus campañas, así como su situación patrimonial y de sus familiares cercanos y que los Congresos locales pongan más atención en el desempeño de los ediles, así como la percepción de inseguridad que existe en las cabeceras municipales.
Estoy seguro, que el caso del alcalde del municipio de Tequila sólo es un botón de muestra de la situación que enfrentan los pobladores en varias zonas del país, con presidentes que abusan de su autoridad y se han coludido con cárteles del narcotráfico, ya que se sienten intocables por provenir del partido de Morena, PT o PVEM contando con una doble protección para seguir delinquiendo, la de los cárteles y la del oficialismo que prefiere sostenerlos, antes que detenerlos, por el costo electoral que puede representar para la continuidad en sus gobiernos.
El síndrome de los presidentes municipales como el personaje de Varguitas de la película La ley de Herodes ha cundido en el país, reforzado por la delincuencia organizada, que además hoy se ha empoderado y tiene el control territorial de más de la tercera parte del territorio nacional.