El pasado 5 de noviembre, alrededor de las 2:50 de la mañana, dos jóvenes que caminaban por el Centro Histórico de Puebla fueron detenidos momentáneamente por elementos de la policía municipal capitalina bajo el argumento de que estaban llevando a cabo una “inspección de rutina”.
Sin embargo, los uniformados, un hombre y una mujer, evitaron identificarse y comenzaron a sacar fotografías al INE de uno de los transeúntes.
Posteriormente, los policías cambiaron su explicación y señalaron que estaban buscando a dos personas sospechosas, que presuntamente habían cometido un ilícito en el primer cuadro de la ciudad.
No obstante, no dijeron qué tipo de delito, en tanto, la descripción física en su poder no coincidía con las características de los jóvenes a quienes habían detenido.
En entrevista para Capital, una de las personas implicadas en la revisión de la Comuna dijo, bajo la gracia del anonimato, que las inspecciones “de rutina” del Ayuntamiento son ilegales.
Abundó que es incierto el destino que le brindan a los datos personales que recaban a la fuerza mediante su dispositivo móvil, lo cual lógicamente genera temor, enojo e impotencia.
“Esa es mi pregunta, si una inspección de rutina implica sacar fotos de ambos lados del INE”, cuestionó.
De acuerdo con el testimonio, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que los inspeccionaron iban a bordo de una camioneta con placas PB921A2.
A los pocos minutos de ser frenados por los uniformados, a estos se les sumó otra unidad sin logos, de la que descendió otro uniformado que fue directamente a grabar el rostro de los jóvenes.
“Realmente, la policía te da toda la desconfianza del mundo, a la hora que sea, no es el proceder”, apuntó.
La persona entrevistada por esta casa editorial señaló que sintió un gran temor por su vida luego de que, en enero de 2019, una mujer de 52 años fue víctima de abuso sexual y robo por policías del municipio de Puebla.
Aseguró que ella y su amigo no iban en estado inconveniente y descartaron presentar denuncias, porque consideran que se trata de un trámite administrativo inútil, que no tiene repercusiones.
Versiones periodísticas indican que una persona y sus posesiones no pueden ser revisadas si no existe una orden judicial de por medio, esto con base en el artículo 16 constitucional.
Por su parte, en 2018, el máximo tribunal del país, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que es “ilegal y arbitraria cualquier inspección que no se realice en casos de flagrancia o cuando no haya una investigación”.
Hasta el momento, no se conoce que la SSC del municipio de Puebla haya iniciado alguna investigación de oficio en contra de los uniformados denunciados.
En agosto pasado, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, dijo que las revisiones efectuadas a transeúntes han permitido la detención de “importantes delincuentes”, sin abundar en más detalles.