A 100 días cumplidos de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, para la gran mayoría de los mexicanos se van disipando las dudas respecto a su forma de ejercer el poder presidencial, entre quienes afirmaron que no se saldría del guion que le dejó el expresidente AMLO para dar continuidad al denominado segundo piso de la 4Tsacando adelante las reformas constitucionales que quedaron pendientes al concluir su mandato, como lo son la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos, que pese a todas las voces que se opusieron a dichas reformas, finalmente fueron aprobadas con la mayoría aplastante del oficialismo en ambas cámaras, y la otra postura o esperanza de quienes esperaron y tal parece seguirán así, que Sheinbaum, una vez en el cargo, marcara una sana distancia del expresidente y actuara con su propio estilo y atendiendo a las demandas de los ciudadanos, antes que a las líneas de su mentor y su partido Morena.
Los primeros 100 días de la presidenta, nos han dejado en claro, que no está dispuesta a gobernar con un estilo propio y que por ningún motivo se saldrá del guion que le dejó su antecesor a quien considera le debe el haber ganado las elecciones y no a los millones de mexicanos y mexicanas que le dieron su voto el pasado 1 de junio.
Sin duda alguna el triunfo de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos, así como las declaraciones que hizo desde su campaña, y una vez ganadas las elecciones, acusando a México de proteger a los cárteles de la droga que han inundado las calles del vecino país de fentanilo y de permitir el paso de cientos de miles de migrantes a la frontera del norte, junto con la amenaza de imponer aranceles a los productos que exporta México hasta por un 25 por ciento desde el primer día de su mandato como presidente; y si a ello agregamos la próxima revisión del T-MEC donde Estados Unidos ha señalado las violaciones al tratado cometidas por nuestro país a raíz de la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos; han sido claves para obligar a la presidenta a modificar algunas de las políticas que le dictó López Obrador, como la inherente a la seguridad pública, haciendo a un lado, no por gusto, sino obligada, el “abrazos y no balazos para los delincuentes” y trabajando desde septiembre de este año, en el combate a las dos facciones del Cártel de Sinaloa de los Chapitos y la Mayiza que tienen a Culiacán y sus habitantes en una guerra, que parece no tener fin, con más de 555 homicidios en tres meses de enfrentamientos y ejecuciones.
El hecho de otorgar mayores facultades y poder de acción al super secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, mediante la aprobación de la reforma al artículo 21 Constitucional, que le otorga amplias atribuciones para la investigación de los delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional, dotándolo además de facultades para coordinar a los tres niveles de gobierno en el país y con ello además podrá fiscalizar los recursos federales que van destinados a los estados.
De acuerdo al informe rendido por Harfuch el pasado mes de diciembre, existe una disminución del 18.3 por ciento entre 2018 y 2024 en el promedio diario de víctimas por homicidio doloso y de 16.3 por ciento en el promedio diario de víctimas por dicho delito de septiembre a diciembre de 2024, la detención de 7720 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado más de 66 toneladas de droga y más de 3600 armas de fuego. La droga asegurada equivale a más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles para dañar la vida de familias y de jóvenes.
El dilema que enfrenta la presidenta es que, por un lado con estas acciones se está saliendo de las directrices de su antecesor en materia de seguridad y por otro lado, enfrentar la presión y amenazas de Trump que esta semana declaró que “México está controlado por los carteles del narcotráfico y volvió a amenazar con declararlos como grupos terroristas que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos”, lo que justificaría llevar a cabo operaciones militares para exterminarlos, sin pedir permiso a las autoridades mexicanas.
En cuanto a la política exterior, la presidenta también se debate entre dos frentes: por un lado dar continuidad a la que llevó a cabo su antecesor, apoyando abiertamente y con acciones a las dictaduras de Cuba con el presidente Miguel Díaz-Canel, de Nicaragua con Daniel Ortega y de Venezuela con Nicolás Maduro, enfrentadas con el gobierno de los Estados Unidos, lo que podría dar pauta a que el vecino del norte decidiera no continuar con el T-MEC ante la evidente inclinación del gobierno mexicano por apoyar a estos regímenes antidemocráticos, que como Venezuela han perdido el respaldo de los gobiernos de Brasil, Chile y Colombia.
Las circunstancias anteriores y sobre todo el escenario global obligarán a la presidenta a tomar sus propias decisiones en bien del país, más que en los compromisos y directrices de AMLO, sólo así podrá salir avante de los retos y exigencias de Trump, quien en este segundo período presidencial cuenta con un respaldo más amplio que en el anterior y tiene el control de los legisladores y del electorado, que le dio su voto.
El tema migratorio será determinante para el futuro de la relación bilateral ya que la amenaza de la deportación masiva de millones de personas a nuestro territorio de todas las nacionalidades y el cierre de la frontera, serán un grave problema para el gobierno de la 4T, no sólo para atender a los expulsados, sino también para evitar que la delincuencia organizada logre reclutarlos y con ello reforzar su poder y fuerza en los estados donde tiene mayor presencia actualmente, lo que complicaría la estrategia de seguridad de la presidenta, que es un factor trascendental para recuperar la confianza de nuestro vecino del norte, demostrando con hechos que no vivimos en un narcogobierno.