El Senado de la República aprobó hoy en lo general, la reforma al Poder Judicial, después de su análisis y eventual ratificación por parte de los legisladores.
La iniciativa establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura para sustituirlo con un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Reducción de la Corte
Se plantea bajar de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La duración de su encargo será de 12 años, tres años menos que la fórmula actual.
También, se busca eliminar las dos salas en las que está dividida actualmente para dejar su operación sólo en sesiones plenarias, las cuales, serán públicas y con esto se elimina la posibilidad actual de realizar sesiones privadas.
En tanto, se propone que para aprobar sentencias sean necesarios seis votos.
Sobre los salarios, se establece específicamente que las remuneraciones de los ministros y ministras de la Corte y los diferentes jueces no podrán ser mayor a lo percibido por la persona que ocupe la Presidencia de la República. Además, se elimina la posibilidad de que obtengan una pensión vitalicia tras concluir su encargo.
Ministros y jueces, a las urnas
La propuesta más polémica es que se busca cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito sean elegidos por el pueblo.
Para ellos, estas elecciones se realizarían cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales ya sea para elección presidencial o de renovación de la Cámara de Diputados. Las y los candidatos a dichos cargos serán propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
En caso de ser aprobada la reforma en septiembre, la primera elección se realizará en el año 2025 y los actuales ministros, magistrados y jueces permanecerán en su cargo hasta el momento en que asuman sus sucesores.
En el caso del primer ejercicio bajo esta figura, se contempla un periodo escalonado de duración del encargo de los ministros electos para los años 2033, 2036 y 2039, de manera que en cada elección posterior a esas fechas se renueven sólo tres posiciones.
Dos órganos regulatorios
La reforma sugiere la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a los dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo a la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarían también a la Corte.
En tanto, se abre la posibilidad de que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los ministros, los magistrados, los jueces y el personal del Poder Judicial en su totalidad.
Plazos para resolver conflictos
Se establece regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados, para ello, se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses.
En caso de que no se logre una sentencia en dicho plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar la razón de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción.
En tanto, se establece que en el caso de que en un proceso penal la persona imputada no sea juzgada antes de cuatro meses, para penas menores a dos años de prisión, o de un año para mayores, tal como está establecido actualmente en la Carta Magna, también se podrá reportar esta situación ante el Tribunal de Disciplina.
Sistema replicado en todo el país
La moción también establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para “garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía”, además de la creación de órganos independientes para su administración y disciplina.
El plazo para que los estados realicen estos cambios será de 180 días una vez que la reforma sea promulgada.
Por su parte, López Obrador también ha resaltado que la propuesta de reforma no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, “sino que la fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular, cerrando la brecha sistémica que se había creado entre dicho poder y la sociedad, y restituyendo la confianza ciudadana en las instituciones y funcionarios judiciales que, lamentablemente, han caído en el desprestigio debido a los abusos y excesos de ciertas personas que se han resistido a entender la dimensión de la transformación que vive México y a confiar en la madurez política y la sabiduría de nuestro pueblo”.