La intervención de los cárteles del narcotráfico que controlan diversos municipios y tienen un peso muy importante en los gobiernos de varios de los estados del país, filtrándose en diferentes áreas del gobierno federal y en las Fuerzas Armadas; por lo menos desde la elección presidencial de 2006 ha cobrado cada vez más fuerza y aunque las autoridades oficialmente han tratado de negarla o minimizarla, representa actualmente un factor negativo que empaña la legalidad y validez del proceso electoral del 2 de junio de este año.
Cabe señalar que, aún y cuando formalmente no han iniciado las campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han detectado varios focos rojos, alertando a las autoridades sobre los riesgos que implican para la jornada electoral y para la población, la intervención de los cárteles que también se han apoderado del control de las estructuras electorales de los partidos políticos, para colocar a candidatos que les garanticen que los dejarán seguir operando en los territorios y que tendrán el control de las autoridades de las áreas de seguridad pública para proteger sus actividades delictivas y no permitir la entrada de otras organizaciones criminales en sus territorios.
El propio magistrado electoral Felipe de la Mata, declaró a un medio nacional, la posibilidad de que se pueda anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado; ahondando en el tema, dijo: “pero yo sí quiero hacer notar que si llegamos a ese momento, habríamos fracasado como organización electoral. Tienen que tomarse las decisiones necesarias para que esos eventos no sucedan”.
Además, mencionó que en aquellos lugares donde el INE observe riesgos vinculados al crimen organizado podría tomar “soluciones creativas dentro del marco constitucional”.
A principios de este año, diversos especialistas señalaron que las elecciones de 2024 se perfilan para ser las más violentas en la historia del país.
Tomando en cuenta las estadísticas de los últimos procesos electorales, se prevé que la violencia política será un factor relevante en el actual proceso y de ello ningún partido está exento de ser víctima. Hay que considerar que se encontrarán en juego 20,367 cargos a elegir en los que participarán se calcula un promedio de más de cincuenta mil candidatos, que pueden ser víctimas desde amenazas, intimidación, extorsión, desaparición hasta el homicidio doloso.
La base de datos “Votar entre balas” que ha sistematizado la violencia política en el país desde 2018 ha incluido entre los agredidos, no sólo a militantes, dirigentes o candidatos de los partidos, sino a sus familiares, colaboradores o las que trabajaban en una administración asociada con partidos políticos, incluso del ramo policiaco, revela en conjunto dónde se concentran los ataques.
Morena es el partido con mayor número de gubernaturas y municipios en el país, las víctimas recaen principalmente en ese partido y le siguen el PRI, PAN, PRD, MC, PVEM y PT le siguen después los partidos locales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) en su “Crónica del proceso electoral 2017-2018 – junio 2018” reconoció que “la violencia criminal ya está en nuestras elecciones y mal se haría en negar este peligro que acecha a la más grande de nuestras prácticas democráticas”.
Por su parte el INE desde finales del año pasado, ha recibido denuncias por la presencia de grupos de la delincuencia organizada y de los cárteles del narcotráfico, que se han infiltrado en las dirigencias locales de los partidos y están tratando de colocar mediante la violencia y amenazas a candidatos a modo a los puestos de elección y que han motivado también ataques a aspirantes que no cuentan con el respaldo de los cárteles; por lo que el 7 de febrero presentó a los representantes de los partidos políticos un protocolo de protección a candidatos a la Presidencia, a Gobernadores, a Diputados federales y locales, que considera equipos de seguridad, con elementos y patrullas para resguardar a los aspirantes, dependiendo el número de elementos, la zona del país en la que participe el candidato de acuerdo al riesgo existente.
La violencia política y el uso de recursos de procedencia ilícita para financiar las campañas de los candidatos son dos de los factores que más preocupan a las autoridades electorales y que difícilmente podrán ser investigados o en su caso sancionados con la anulación del registro del candidato o incluso la invalidez de la elección, al demostrarse alguno de estos elementos.
Por otro lado, actos como la venta de las candidaturas por parte de las dirigencias estatales y municipales de Morena y sus partidos aliados, es una práctica que se ha venido denunciando desde la elección de 2018, en la de 2021 y que seguramente en la de este año, se seguirá dando, sin que las autoridades electorales puedan intervenir o sancionar a los responsables.
Sin duda alguna que el papel de los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada en las elecciones de este año, será crucial para las campañas, el día de la elección y la etapa posterior, porque los candidatos ganadores deben forzosamente contar con el visto bueno de estos grupos, porque de no ser así, nada les garantiza que se respetará el resultado de la elección, que aún y cuando les favorezca, no será suficiente para que lleguen a desempeñar los cargos.