Nunca en la historia de los procesos de firma y revisión del antes denominado Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México y actualmente con el nombre de T-MEC, se habían reunido tantos factores adversos para nuestro país, que llega a la mesa de negociaciones con serios cuestionamientos y críticas de la administración del presidente Donald Trump y las empresas e inversionistas de Estados Unidos.
Empresarios han mostrado su preocupación por la grave crisis de inseguridad que vive el país y sobre todo por las reformas constitucionales impulsadas por el expresidente López Obrador y las de la presidenta Claudia Sheinbaum en la actual administración.
Antes de la aprobación de dichas reformas, los analistas y expertos en el Tratado, advirtieron los riesgos e inconformidades que vendrían de parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y sus inversionistas, por las afectaciones a sus intereses y flujos comerciales que se verían seriamente afectados; sin embargo todo ello, nunca ha sido un obstáculo para los gobiernos de la cuarta transformación y del Congreso de la Unión para aprobar los cambios, de acuerdo a las órdenes de Palacio Nacional.
Al respecto, los CEOS de las empresas más fuertes de Estados Unidos como Apple, GM, JPMorgan, Fedex y Walmart entre otras, han manifestado su preocupación al denunciar que México vive un colapso del Estado de derecho, por la elección de los ministros, magistrados y jueces por voto popular, por el empoderamiento y terrorismo fiscal lleva a cabo el SAT, expropiaciones disfrazadas y proteccionismo a las empresas del estado como CFE, PEMEX y Mexicana de Aviación. Acusan que la justicia mexicana se convirtió en un instrumento político.
La falta de independencia judicial, la arbitrariedad fiscal y la destrucción de los organismos autónomos (reguladores) estarían hundiendo la confianza global en México. Han solicitado a Estados Unidos, restaurar los arbitrajes internacionales del T-MEC para proteger sus inversiones, ante la falta de confianza en los tribunales mexicanos.
Si la economía mexicana pierde credibilidad jurídica, no habrá inversión, ni empleo, ni futuro. Afirmaron: “Sin justicia independiente, no hay nación viable”.
Es digno de un análisis a la luz de la situación del país, ante el proceso de renegociación o revisión del T-MEC el documento emitido por la U.S. Chamber of Commerce del 28 de octubre de este año, donde confirma en su texto las advertencias que hicieron los expertos y negociadores del tratado, cuando se discutieron y aprobaron las reformas constitucionales de AMLO y Sheinbaum.
Entre los puntos más relevantes del documento destacan los siguientes:
- Que el gobierno de México viola el Tratado al minar la independencia judicial.
- Al desmantelar y desaparecer a los organismos reguladores.
- Hostigar físicamente a las empresas instaladas en México.
- Distorsionar el sector energético y bloquear la competencia.
- Cuestiona que la reforma judicial, amenaza el estado de derecho al “socavar la autonomía judicial y regulatoria” y violar el trato justo y equitativo del Tratado.
- Que el SAT impone recargos retroactivos, que la ANAM cambia reglas aduaneras sin aviso.
- Que PEMEX y CFE operan bajo privilegios ilegales.
- Que COFEPRIS ignora patentes, retrasa registros y frena innovación.
La Cámara de Comercio exige al gobierno estadounidense “garantizar el cumplimiento total de México” y activar paneles de disputa y medidas correctivas si persisten las violaciones.
Bajo este escenario, los márgenes de negociación de México en la mesa del T-MEC se ven seriamente acotados, ya que aun y cuando el secretario de Economía Marcelo Ebrard ha declarado que las pláticas y acuerdos van por buen camino y que existe la disposición de las autoridades de Estados Unidos para llegar a una buena negociación, resulta evidente que la presión y las denuncias de las empresas e inversionistas de Estados Unidos que tienen intereses en México, se harán cada vez más fuertes, exigiendo al presidente Donald Trump que intervenga ante la presidenta Claudia Sheinbaum para dar garantías a las inversiones y un trato equitativo a las empresas de Estados Unidos y Canadá.
Aunque la Presidenta ha declarado que el T-MEC beneficia a ambos países, y no sólo a México, el gobierno norteamericano, protegerá los intereses de sus empresas y de no cambiar las causas de inconformidad planteadas por los inversionistas, Trump podría dar por cancelado el tratado y manejar sólo acuerdos comerciales en algunas áreas estratégicas para Estados Unidos, colocando a México en una grave situación debido a que el 80 % de las exportaciones de las empresas mexicanas van a los Estados Unidos.
Conociendo la forma de actuar de quienes dirigen la 4T y de los partidos que conforman la mayoría en ambas cámaras de diputados y senadores, difícilmente darán marcha atrás a las reformas constitucionales vigentes y de las que se duelen las empresas e inversionistas de Estados Unidos y Canadá, quienes no se quedarán de brazos cruzados y podrían llevarse sus capitales del país, al no existir la confianza y credibilidad de las instituciones del Estado mexicano, a las que se suma la corrupción, la inseguridad y violencia que no ha podido frenar el Estado.
¡Que Dios y Donald Trump, nos agarren confesados!