Este 10 de octubre, se cumplen siete meses sin avances en las investigaciones relacionadas con el caso de las periodistas Natalie y Michelle López, quienes junto con tres activistas de la colectiva Marea Púrpura, fueron detenidas arbitrariamente y violentadas por policías de Izúcar de Matamoros.
Ello luego de acudir a la cobertura de una movilización feminista que tuvo lugar el pasado 10 de marzo, en la demarcación asentada en la Mixteca poblana.
De acuerdo con datos publicados por la periodista Maribel Velázquez en el portal Poblanerías, las autoridades encargadas del caso no han brindado detalles actualizados al respecto.
Tampoco han hecho lo propio con las agresiones que han padecido otras comunicadoras y otros comunicadores en la entidad poblana.
La agrupación Artículo 19 informó que, en el primer semestre de este año, Puebla ocupó la cuarta posición nacional de más agresiones en contra de periodistas, siendo las y los servidores públicos los principales perpetradores de las mismas.
En su momento, la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, quiso revictimizar a las periodistas acusando una campaña negra en su contra, orquestada presuntamente por su antecesor, el exsecretario de Educación, Melitón Lozano Pérez.
Hasta el corte de esta publicación, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no ha ofrecido avances acerca de la averiguación.
Es oportuno agregar lo expresado por la Universidad Iberoamericana, institución que brindó total respaldo a las afectadas.
Mediante un comunicado, señaló que el caso en cuestión cuenta con el acompañamiento legal y solidario de la organización en defensa de la libertad de expresión y acceso a la información, Artículo 19.
En palabras de Leopoldo Maldonado, director regional de México y Centroamérica de dicha organización, “es una muestra concreta de la violencia sistemática que enfrentan las mujeres periodistas en México”.
Abundó que Artículo 19 también registró otras dos agresiones contra mujeres periodistas en el marco de las protestas y acciones realizadas el 8M en los estados de León Guanajuato y Nuevo León, lo que solo confirma que hay “un contexto general de grave violencia e inseguridad a las periodistas. Están en doble riesgo por su condición de periodista y por ser mujeres, lo que aumenta este riesgo de sufrir más violencia”.