Después del arranque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de este año y de la aprobación de las reformas al Poder Judicial federal, que, junto con la desaparición de los organismos autónomos, forman parte del denominado segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México, y que fue según el dicho de la Presidenta aprobado por los ciudadanos que le dieron su voto en la jornada electoral del 2 de junio pasado.
Todo parecía caminar a favor del gobierno federal, con una oposición cada vez más debilitada, con el control total de las dos cámaras de diputados y senadores, teniendo asegurado, ahora al Poder Judicial de la Federación con la implementación de la reforma constitucional, para llevar a cabo la elección de ministros, magistrados y jueces.
El único problema sin solución para el nuevo gobierno es la guerra desatada en Sinaloa entre la chapiza y la mayiza, a raíz del secuestro y detención en los Estados Unidos de El Mayo Zambada, quien fue entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán el pasado 25 de julio a autoridades del vecino del norte. Si bien, la guerra entre los cárteles preocupa al gabinete de seguridad del gobierno federal, la Presidenta en sus conferencias del pueblo, trató de minimizar la gravedad de la situación, aunque los homicidios dolosos, se incrementaron desde el inicio de la guerra el 9 de septiembre, mes que terminó con 125 homicidios, de los cuales 115 ocurrieron entre el 9 y el 30 de septiembre y 10 más antes del día 9; al 29 de octubre se contabilizaron en Sinaloa 177 homicidios dolosos, los que sumados a los 115 dan un total de 292 homicidios que colocan a Sinaloa como el segundo estado más violento del país, sólo debajo de Guanajuato, con 293.
El triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, así como sus primeras declaraciones en contra de la invasión de migrantes, solapada por las autoridades mexicanas, la amenaza de llevar a cabo una deportación masiva de millones de personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos enviándolas a México, el alto número de muertes de estadounidenses por el consumo de fentanilo introducido por los cárteles del narcotráfico de México y la amenaza de aplicar aranceles de hasta un 25 por ciento a las productos provenientes de México, si el gobierno de la presidenta no apoya la lucha en contra de la llegada de más migrantes y de frenar el tráfico de fentanilo combatiendo a los carteles del narcotráfico; vinieron a romper la calma en el gobierno federal, porque el costo económico de la aplicación de los aranceles afectaría gravemente al país y a las empresas mexicanas.
Aunque la presidenta ya estableció comunicación con Donald Trump para hablar sobre sus declaraciones y amenazas de aplicar los aranceles a los productos mexicanos, resulta evidente que se ha visto forzada a cambiar su estrategia de seguridad, abandonando la aplicada por el expresidente AMLO de “abrazos y no balazos” que tan malos resultadosdieron en su gobierno y que sólo permitieron que los cárteles ensancharan su dominio territorial y controlaran varios estados del país.
Por ello, en el momento actual, las amenazas de Trump, en el sentido de invadir territorio mexicano para a acabar con los líderes de los cárteles y de llevarse a los Estados Unidos a los jefes de los grupos de la delincuencia organizada, han sido una presión para el gobierno de varios estados como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Colima, Guanajuato y Chiapas donde la violencia perpetrada por los cárteles ha rebasado con mucho a las fuerzas de seguridad.
La designación de Omar García Harfuch, como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, en quien la presidenta ha confiado la estrategia de seguridad y la coordinación entre todas las fuerzas armadas como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, así como de las autoridades de seguridad de los estados, enfrenta su primera prueba de fuego, que es el lograr la paz en el estado de Sinaloa frenando la ola de violencia e inseguridad que viven los ciudadanos por la lucha entre Los Chapitos y Los Mayitos que parece no tener fin y que de lograr resultados positivos sería un punto a favor de la presidenta frente a las exigencias de Trump.
La semana que concluye, se dio el anuncio de que García Harfuch se fue a vivir a Sinaloa, para estar al frente de la lucha en contra de los cárteles, logrando el decomiso de armas de fuego, de una tonelada de fentanilo y la detención de dos delincuentes en una acción en la que intervino el Ejército y la Guardia nacional, siendo el decomiso más grande que se haya logrado de esta droga en nuestro país.
Se espera que el trabajo del súper secretario siga dando buenos resultados, ya que, de lograr erradicar la violencia e inseguridad en Sinaloa, sería un modelo para replicar en otros estados y una señal para el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump de que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a diferencia de su antecesor AMLO, irá en serio en el combate a los cárteles y la producción de drogas con destino a territorio de nuestro vecino del norte.
En el peor de los escenarios y de un virtual fracaso de la estrategia de seguridad y del trabajo de García Harfuch, no sólo el gobierno federal pagará las consecuencias, sino todos los mexicanos, porque será un buen pretexto para el gobierno de Trump para intervenir en nuestro país, declarando a los cárteles mexicanos como grupos terroristas que estarían poniendo en peligro su seguridad y de sus ciudadanos y aplicando los aranceles a los productos mexicanos, afectando a la economía nacional.
Esperemos que, por fin los mexicanos veamos la luz al final del túnel y que el gobierno de la cuarta transformación comprenda que llegó la hora de buscar la unidad de todos los ciudadanos, haciendo a un lado la confrontación política y la división alentada desde el poder.