Publica este día El Financiero que las autoridades mexicanas ya fueron advertidas: Manuel Bartlett va a ser acusado en Estados Unidos por haber autorizado que le informaran a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, que Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA infiltrado en esa organización criminal. Ese aviso llevó a su muerte en 1985, y su participación en el crimen, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se detuvo ahí. Bartlett también ayudó a que Caro Quintero no fuera detenido en México, por lo que pudo fugarse del país.
Las autoridades mexicanas, a su vez, ya le informaron a Bartlett de su situación en Estados Unidos.
El 16 de julio, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador en el sector energético, fue citado por la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien le dio a conocer que los fiscales presentaron al juez Frederick Block en la Corte Federal de Brooklyn grabaciones de las torturas a Camarena y a su piloto mexicano Alfredo Zavala, que incluyen pruebas de su presunto involucramiento.
En ese entonces, Bartlett era secretario de Gobernación, y por años ha sido mencionado como colaborador del Cártel de Guadalajara y, a finales de los 80, el testigo protegido de la DEA Víctor Lawrence Harris, escolta de Ernesto Fonseca, co-acusado con Caro Quintero por el asesinato de Camarena y Zalazar Alvear, lo imputó.
En la reunión con Godoy, de acuerdo con lo trascendido, Bartlett pidió la protección del gobierno mexicano si llegaran a llamarlo a declarar en tribunales estadounidenses, y solicitó a la presidenta, a través de ella, ser enviado a una embajada en un país donde no haya extradición.
Desde 1985, Manuel Bartlett es un político sobre el cual la DEA tiene puesta la mira. Es la pieza que necesitan para terminar de cerrar la Operación Leyenda, la gran investigación sobre el asesinato de Camarena, cuyos asesinos intelectuales fueron los lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe del primer cártel de drogas del país, el de Guadalajara. Fonseca se encuentra bajo arresto domiciliario, cumpliendo su condena en México, y Caro Quintero fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos en febrero pasado, para ser juzgado.
El caso de Caro Quintero dio un giro inesperado este martes, cuando los fiscales en la corte de Brooklyn cambiaron radicalmente su posición y dijeron que no pedirían su pena de muerte, dejando abiertas dos posibilidades: juzgarlo o negociar su cooperación como testigo cooperante.
Los fiscales adelantaron que tampoco pedirían la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, a quien ven las autoridades estadounidenses como una pieza importante en el caso Camarena, porque como un operador en niveles inferiores en el Cártel de Guadalajara, puede aportar información relevante sobre su asesinato.