Uno de los puntos centrales del discurso del expresidente López Obrador, después de los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, en los que su partido Morena y sus aliados el PT y el PVEM obtuvieron 36 millones de votos, con los que ganaron la Presidencia de la República y la mayoría “calificada” en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en la de Senadores, fue el que su triunfo representaba la voluntad del pueblo para la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública del país, iniciada durante su gobierno y que deberá seguir ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre.
Para el partido oficial, el triunfo contundente de sus candidatos, significa que el pueblo con su voto, les otorgó un cheque en blanco para hacer y deshacer las instituciones del país y modificar la Constitución General de la República a su conveniencia, sin tomar en cuenta a los demás ciudadanos, que sí representan la mayoría de la población de acuerdo al padrón electoral y que no les dieron su voto en las pasadas elecciones y que también son pueblo.
El argumento anterior no fue suficiente para darle más espacios a los partidos de la oposición y minoritarios que debieron tener más diputados de representación proporcional en la cámara baja y alta, logrando obtener Morena y aliadosuna sobrerrepresentación que no les fue dada en las urnas por los electores.
Con la mayoría calificada en ambas cámaras, el expresidente logró la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, a pesar de las opiniones en contra de especialistas, de estudiantes de Derecho, de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de los funcionarios del Poder Judicial, que hasta el día de hoy continúan en paro de actividades, ante la cerrazón y negativa del gobierno anterior y de los legisladores de escuchar sus demandas y de que se respeten sus derechos laborales adquiridos.
Hasta ahora, nada ha logrado cambiar la imposición del Poder Legislativo que aprobó la reforma constitucional y del expresidente López Obrador, que el pasado 15 de septiembre ordenó la publicación del decreto de reforma al Poder Judicial a pesar de la existencia de dos incidentes de suspensión de Jueces de Distrito que le ordenaron detener la publicación de la reforma, el expresidente desatendió las suspensiones y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El pasado 30 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., a solicitud del Colegio de Secretarios y actuarios federales y de otros funcionarios judiciales, dio respuesta a la solicitud de audiencia para tratar la reforma al Poder Judicial en México citando a los peticionarios para el día 12 de noviembre de este año, con lo que se da inicio al procedimiento para que la Comisión conozca del tema y de no llegarse a una solución, el caso se turne a la Corte Interamericana de derechos Humanos con sede en San José Costa Rica para su resolución final, lo que puede tardar aún varios meses; sin embargo por la importancia del asunto se prevé se le de celeridad y el Gobierno de México sea emplazado para dar respuesta ante la Corte.
También el día de ayer, finalmente el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ocho votos a favor y tres en contra, aprobó abrir una controversia para decidir si tiene facultades para revisar la reforma judicial y en su caso si puede revertirla o incluso anularla. Lo anterior a solicitud de jueces y magistrados para revisar la reforma que debe ser sometida a control constitucional, por lo que la solicitud será turnada a un Ministro a fin de que elabore el proyecto y el mismo sea sometido a votación del Pleno.
Con esta decisión del máximo tribunal de nuestro país, de acuerdo a la opinión de las ministras Yasmin Esquivel y Lenia Batres, la primera afirmó que “La Corte, estaría creando una crisis constitucional y adoptando una actitud golpista, señalando que es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución y demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza”.