La detención en el norte de los Ángeles en Estados Unidos el pasado miércoles de Julio César Chávez Jr., hijo de una de las leyendas del boxeo mexicano Julio César Chávez, llevada a cabo por agentes federales, dándose a conocer de inicio, que su detención había sido por tener vencida su visa y por mentir en una solicitud que hizo para obtener la tarjeta de residencia (Green Card).
Aunque en las primeras declaraciones de las autoridades de migración de Estados Unidos se informó que lo deportarían por existir una orden de aprehensión en su contra en México; lo cierto es que también lo acusaron por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, al estar casado con Frida Muñoz, viuda del extinto hijo de El Chapo Guzmán, Edgar Guzmán López asesinado el 8 de mayo de 2008 en Culiacán.
Según informes de las autoridades de Estados Unidos, Chávez Jr. ya contaba con un historial delictivo de las que se tiene registro son las siguientes:
- El 22 de enero de 2012 fue detenido por la Patrulla de carreteras de California por conducir bajo la influencia de alcohol y drogas y, sin licencia.
- 23 de junio de 2012: el Tribunal Superior del Condado de los Ángeles lo declaró culpable por ese mismo delito y le impuso una pena de 13 días en prisión, junto con tres años de libertad condicional.
- 14 de enero de 2023: Un juez de Distrito de México, emitió una orden de captura en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y otros delitos relacionados con el ingreso ilícito de armamento al país.
- 7 de enero de 2024: Fue arrestado por la policía de los Ángeles y acusado de portar un arma de asalto de forma ilegal y por fabricar o importar un rifle de cañón corto. Estos cargos resultaron en una condena.
Al darse a conocer la detención del pugilista por las autoridades de migración de Estados Unidos y la existencia de una orden de aprehensión en su contra en México, la Fiscalía General de la República de inmediato confirmó la existencia de dicha orden, justificando la inacción de las autoridades para solicitar su extradición de Estados Unidos, bajo el pretexto de que no se habían ejecutado por el hecho de que Chávez Jr. entraba y salía de territorio estadounidense y era muy difícil lograr su captura.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó en su Conferencia del Pueblo de este viernes 4 de julio, el no contar con la información de la existencia de la orden de aprehensión contra Chávez Jr. pero aclaró que los datos que le proporcionó la Fiscalía General de la República es que se le acusa por su participación en “el crimen organizado, y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”.
La detención de Chávez Jr. motivó que la subsecretaria Tricia McLaughlin llamó al boxeador mexicano un afiliado del Cártel de Sinaloa, declarando que: “Con el presidente Trump, nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier afiliado del cártel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los carteles”.
Dicha declaración, emitida en un momento en que la relación de México con Estados Unidos se encuentra en predicamentos, ante la declaración del vecino del norte de designar a los cárteles del narcotráfico de México como grupos terroristas, por el endurecimiento de la política antiinmigrante y la deportación masiva de miles de mexicanos ilegales, el anuncio de los aranceles que hará el Presidente Trump el próximo nueve de julio para definir los porcentajes que se aplicarán a todos los países con los que tienen una relación comercial, así como el adelanto de la revisión del T-MEC para finales de este año.
Por lo que deben encender las alertas en el gobierno mexicano, para tratar de demostrar a Trump, que las acciones de seguridad y lucha contra los cárteles del narcotráfico, implementadas por la presidenta Sheinbaum a través de su secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, realmente van en serio y que existe la capacidad y estrategia suficientes para combatir a estos grupos de la delincuencia organizada y toda la red de complicidades de funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores y empresarios que de una u otra forma han sido cooptados por estos grupos o bien se han prestado a apoyar sus actividades delictivas, haciendo jugosos negocios para beneficiarse con un patrimonio mal habido o bien lavando dinero.
En la red de complicidades que investigan las autoridades tanto de Estados Unidos, como de México, hoy el reto es saber quién tiene mejor información y quién puede dar los mejores golpes a los cárteles, para debilitarlos y con ello frenar la producción y tráfico de drogas y por otra parte disminuir los índices de violencia e inseguridad que no han podido bajarse en varios estados del país.
Golpes como la detención de Chávez Jr. y el anuncio de que se irán contra todas las personas que tengan vínculos o negocios con los cárteles, seguramente en los próximos días, darán mucho de qué hablar y si las autoridades mexicanas no demuestran que están decididas a cooperar en estas labores y de detener a quienes estén involucrados con los cárteles, las autoridades de Estados Unidos los rebasarán por la derecha y tendrán el pretexto para llevar a cabo acciones más agresivas e intervencionistas como lo han hecho impunemente en otros países.
Llegó la hora de hacer a un lado los discursos y de que las fuerzas de seguridad y las fiscalías, con resultados demuestren al mundo, que la lucha contra los cárteles y la inseguridad en México, son su mayor compromiso en bien de la nación.