El Presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó este miércoles una reforma a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas que obliga a las fiscalías y corporaciones policiacas de todo el País a emitir la Alerta Amber, en automático, cuando una niña, niño o adolescente es reportado como extraviado, sustraído o ausente.
El Mandatario federal publicó en el Diario Oficial la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, en la que se establece que las autoridades de procuración de justicia y de los tres órdenes de Gobierno deberán cumplir con el Protocolo Nacional Amber México.
“Cuando la persona reportada sea niña, niño o adolescente, al momento de presentar la denuncia formal ante la autoridad competente y sin dilación alguna, además, se emitirá la Alerta Amber de conformidad con el Protocolo Nacional Amber México”, refiere la adhesión avalada por las cámaras de Diputados y Senadores.
El Artículo 105 de la Ley establece que las autoridades procederán a la búsqueda inmediata de cualquier persona reportada como extraviada, sustraída o ausente.
Para ello, emitirán una alerta general a todas las instancias de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y el extranjero, así como al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para impedir que la persona sea sacada del País.
Durante la discusión de la reforma en el Senado se informó que, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, entre 1964 y 2022, más de 75 mil menores cuentan con reporte de desaparecidos.
Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI detallan que en México residen 21.8 millones de niños y niños de cero a 14 años de edad, que representan el 25.3 por ciento de la población total.
Los legisladores advirtieron que, aún cuando la Ley en materia de Desaparición Forzada ya establece en su artículo 48 que el Sistema contará con la Alerta Amber, es necesario incluir este protocolo en la Ley de Trata.
La Alerta Amber es una herramienta de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de los menores que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daños graves por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de un delito.
Opera como un mecanismo nacional de coordinación y cooperación sistemática entre los órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sectores empresarial y académico.
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