Mediante sus redes sociales, la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, pidió poner fin a la reactivación del caso judicial contra el ambientalista náhuatl de Santa María Zacatepec, Miguel López Vega.
Ello en virtud de que, hace aproximadamente una semana, el también comunicador comunitario fue citado a una audiencia en el Poder Judicial del Estado con motivo de los cargos presentados otra vez por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceasp)
Aunque presuntamente dicha comisión decidió “otorgarle el perdón”, días previos alegó no haber sido notificada durante las primeras audiencias relacionadas con el caso, esto en enero del 2020.
La relatora de la ONU exigió a la autoridades estatales poner fin a la criminalización del defensor y garantizar su derecho a defender los derechos humanos.
Acerca de lo expresado el pasado 31 de marzo por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a extinguir completamente el proceso penal de López Vega, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua indicó que está a la espera del cumplimiento de dicho compromiso, que también incluye absolver a Alejandro Torres, también acusado por Ceasp.
A lo anterior hay que sumar la promesa del gobierno federal de atraer el caso de Samir Flores Soberanes, activista asesinado en el 2019, el cual se oponía a la puesta en marcha de una termoeléctrica en el estado de Morelos.
A decir de López Obrador, la averiguación sería asumida por la Fiscalía General de la República (FGR).