La contralora municipal, Dulce Lilia Rivera, confirmó que el proceso de entrega-recepción ha arrojado observaciones que apuntan directamente a un posible daño patrimonial y a la comisión de conductas graves por parte de exfuncionarios panistas.
Tras el análisis de más de 400 observaciones iniciales realizadas a las administraciones de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, la Contraloría General ha comenzado a cerrar auditorías para dar paso a las acciones legales y administrativas correspondientes.
Rivera Aranda detalló que su dependencia se encuentra actualmente integrando los informes finales para emitir un dictamen oficial, documento que servirá para notificar al área de investigación sobre los presuntos responsables identificados.
En ese sentido, reveló que el avance de las indagatorias se resumen en 15 informes de presunta responsabilidad administrativa, dónde los casos de mayor impacto y gravedad ya han sido turnados al Tribunal de Justicia Administrativa.
Sin embargo, Dulce Lilia informó que aquellas conductas calificadas como “no graves” serán resueltas directamente por la propia Contraloría Municipal, dónde a pesar de la seriedad de los señalamientos, se ha respetado el debido proceso.
“Si hay observaciones interesantes, si hay algún daño patrimonial, no puedo hablar porque debo cuidar la reserva de la información, sí hay conductas graves y también no graves”, mencionó.
Indicó que todos los exservidores públicos panistas señalados han comparecido para presentar sus pruebas de descargo, dónde en un caso el Ayuntamiento asignó un defensor de oficio a uno de ellos para garantizar la legalidad del procedimiento.
La funcionaria municipal señaló que actualmente el proceso se encuentra en su recta final, enfrentando algunos recursos interpuestos por los involucrados, los cuales deberán resolverse antes de ejecutar las sanciones definitivas que marca la ley.