El anuncio del pasado 4 de julio de la reforma electoral, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ser discutida en el siguiente período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que arrancará el 1 de septiembre, sigue al píe de la letra las instrucciones que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (también conocido como AMLO), desde el 5 de febrero de 2024, cuando anunció el paquete de reformas constitucionales, que vinieron a transformar y a desaparecer instituciones del sistema jurídico mexicano, resultado de la lucha de los partidos de la izquierda mexicana, para conseguir espacios en el poder legislativo y democratizar al país y que continuarán como parte del proyecto del denominado segundo piso de la Cuarta Transformación, cuyas consecuencias ya estamos viviendo los ciudadanos, como lo fue la desaparición de los denominados organismos autónomos y la cuestionada elección de los integrantes del poder judicial el pasado primero de junio.
Los argumentos para justificar la reforma en materia electoral del oficialismo dan lugar a un análisis de lo que se busca en el fondo y a quién realmente se pretende beneficiar o perjudicar con los cambios propuestos.
Quizás para muchos mexicanos, el INE, con sus pros y sus contras, vendría siendo el último reducto de la incipiente democracia mexicana, porque después de la reforma electoral de 1997, vivió momentos trascendentales para la vida de nuestro país, como el primer gobierno de alternancia en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox Quezada como el primer presidente distinto del partido de Estado, que nos gobernó durante más de 70 años. Después en 2006, quizás haya sido su prueba más difícil al reconocer el triunfo de Felipe Calderón como presidente, sobre AMLO, por lo cerrado de la votación, ocurriendo lo mismo en 2012 cuando obtuvo la presidencia el PRI con Enrique Peña Nieto, sobre López Obrador.
Posteriormente, en 2018, el INE validó el proceso electoral, donde por vez primera un presidente de la izquierda obtuvo el triunfo en forma contundente en las elecciones, a pesar de las críticas y cuestionamientos que los partidos de oposición hicieron en contra del organismo.
Finalmente, en las elecciones de 2024, el INE estuvo a la altura de las circunstancias, organizando el proceso electoral donde por vez primera en México, una mujer llegó para ocupar la presidencia de la República, pero las críticas hacia el organismo vinieron ahora de los que actualmente representan a la oposición, al oficialismo, como lo son el PRI, PAN y MC, que cuestionaron la sobrerrepresentación en ambas cámaras que el INE otorgó a la alianza ganadora, conformada por Morena, PVEM y PT, y que les permitió contar con una mayoría calificada suficiente para aprobar las reformas constitucionales y de leyes secundarias de acuerdo con los deseos del poder ejecutivo.
La elección de los ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas, organizada por el INE en este año, sin contar con un presupuesto suficiente, sin personal para cubrir todo el territorio del país, con evidentes fallas en la selección de las candidaturas por el poder legislativo y ejecutivo, así como la intromisión de funcionarios de gobierno de los tres niveles en el proceso, el uso escandaloso de los acordeones que finalmente llevaron al triunfo casualmente a los candidatos y candidatas propuestos por el oficialismo, con una baja participación ciudadana el día de las votaciones con un porcentaje de apenas el 13% del padrón electoral nacional, sólo dejó satisfecho al oficialismo que por todos los medios ha pretendido calificar el proceso como un éxito por ser México el primer país del mundo que elige a sus ministros, magistrados y jueces.
Si sumamos las críticas y descalificaciones al proceso, emitidas por los observadores electorales de la OEA, realmente el INE terminó siendo el chivo expiatorio de las pifias e ilegalidades que se dieron en las elecciones.
Uno de los argumentos de mayor peso contra el INE es el alto costo que tiene para el país, por el presupuesto que tiene asignado, con sueldos elevados, procesos en la organización muy caros, descalificando su existencia, como un organismo que nos sale muy caro su sostenimiento, a los mexicanos, y que no ha aplicado la austeridad republicana como lo estableció AMLO.
Dicho argumento carece de sustento si revisamos el gasto de los 7 mil millones de pesos que se asignaron por la Cámara de Diputados al INE para la elección de los integrantes del Poder Judicial, con una muy baja participación de los ciudadanos.
El tema de la eliminación de los legisladores plurinominales bajo el argumento de que “no son una verdadera representación del pueblo” y porque muchos ciudadanos están en contra de dicha figura, olvidando que ésta fue la vía para que pudieran acceder a estos cargos militantes de izquierda, cuando el PRI era el partido de Estado, que tenía todo bajo su control.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles, cuestionó la propuesta declarando que “existen alternativas con menor costo democrático”, al mecanismo de primera minoría, como lo propone la presidenta, y se pronunció por fórmulas intermedias, que conserven sus virtudes –pluralidad, inclusión, diversidad– y al mismo tiempo fortalezcan la rendición de cuentas, la cercanía territorial y la legitimidad democrática, proponiendo las listas semiabiertas y las listas abiertas.
Pero ayer (jueves) Monreal salió a declarar que respalda la propuesta de reforma electoral de la presidenta, reculando de sus anteriores declaraciones.
Otro aspecto que se ha manejado en el discurso del oficialismo como un elemento que el pueblo ve con buenos ojos, es la reducción del financiamiento a los partidos políticos.
Aunque hasta hoy, no se ha conocido el proyecto de reforma en su texto final, es previsible que se apruebe en los términos que se ha presentado por la presidenta y que, para las elecciones de 2027, desaparecido el INE y los organismos electorales de los estados, las elecciones se realicen con nuevas reglas para garantizar, desde el órgano electoral, la continuidad del proyecto de transformación, modificando el modelo de democracia y pluralismo que tuvimos los últimos años.